No dejan de sorprendernos todos los días las resoluciones de la Sala Constitucional. Y que quede claro que considero que no fue sino hasta su creación que muchos funcionarios públicos por fin atendieron las necesidades de los usuarios; sin embargo, en ocasiones pareciera que sus resoluciones manifiestan un desconocimiento evidente de la materia a la que se refieren. Y, producto de ello, la Caja -entre otros- ha tenido que atender en forma constante órdenes que son puestas en entredicho por los expertos (particularmente las que se refieren a medicamentos).
Ahora resulta que producto del voto 4555-09, se ordena a la Caja Costarricense de Seguro Social, construir un centro psiquiátrico para privados de libertad. ¿Y el Ministerio de Justicia? Muy bien, gracias... alguien más le va a hacer la tarea. Parece que para el Poder Judicial siempre ha resultado muy sencillo traspasarle a la Caja la responsabilidad por los privados de libertad. Y, si de delincuentes se trata, podemos decir que buena parte de ellos padecen de problemas mentales (el solo hecho de atentar contra la vida en sociedad, ya nos muestra un indicio de ello); entonces, ¿será que ahora todos los delincuentes irán a parar al centro que la Caja deberá construir para hacerle la tarea al Ministerio de Justicia? Solo falta que digan que como la Caja es la encargada de atender la salud de los habitantes (lo cual no es cierto, pues su tarea es la de administrar los seguros de salud y de pensiones y dar la atención directa a sus asegurados), va a tener que construir un hospital universitario para que se formen los estudiantes de ciencias médicas de todas las universidades del país.
Y es que con el cuentico este de que la Caja siempre tiene plata, y que por eso le corresponde sacarle la tarea a otros entes públicos, e incluso es la sacrificada cuando deciden (los mismos entes públicos), no cumplir con alguna de sus obligaciones (pago de cuotas de la seguridad social); se está poniendo en riesgo la estabilidad de los servicios que presta a todos asegurados, a todos los que religiosamente pagamos nuestras cuotas porque creemos en los principios que la vieron nacer. En una época de crisis como la que atravesamos, con el riesgo que corre la Institución de limitar la compra de genéricos y la obligación de comprar medicamentos innovadores (sea porque la Sala se lo ordena en sus votos o porque los datos de prueba son protegidos por plazos mayores), con la alta morosidad que se presenta por parte de los patronos -afectados también por la crisis-; el hecho de que le asignen tareas ajenas, limita aún más la posibilidad de salir adelante y fortalecer sus servicios.
Esperemos que los abogados que integran la Sala Constitucional, sean más receptivos al criterio de los expertos en campos desconocidos por ellos, para que de esta forma, sus resoluciones no pongan en riesgo instituciones que son baluarte de nuestro estado social de derecho.
Ahora resulta que producto del voto 4555-09, se ordena a la Caja Costarricense de Seguro Social, construir un centro psiquiátrico para privados de libertad. ¿Y el Ministerio de Justicia? Muy bien, gracias... alguien más le va a hacer la tarea. Parece que para el Poder Judicial siempre ha resultado muy sencillo traspasarle a la Caja la responsabilidad por los privados de libertad. Y, si de delincuentes se trata, podemos decir que buena parte de ellos padecen de problemas mentales (el solo hecho de atentar contra la vida en sociedad, ya nos muestra un indicio de ello); entonces, ¿será que ahora todos los delincuentes irán a parar al centro que la Caja deberá construir para hacerle la tarea al Ministerio de Justicia? Solo falta que digan que como la Caja es la encargada de atender la salud de los habitantes (lo cual no es cierto, pues su tarea es la de administrar los seguros de salud y de pensiones y dar la atención directa a sus asegurados), va a tener que construir un hospital universitario para que se formen los estudiantes de ciencias médicas de todas las universidades del país.
Y es que con el cuentico este de que la Caja siempre tiene plata, y que por eso le corresponde sacarle la tarea a otros entes públicos, e incluso es la sacrificada cuando deciden (los mismos entes públicos), no cumplir con alguna de sus obligaciones (pago de cuotas de la seguridad social); se está poniendo en riesgo la estabilidad de los servicios que presta a todos asegurados, a todos los que religiosamente pagamos nuestras cuotas porque creemos en los principios que la vieron nacer. En una época de crisis como la que atravesamos, con el riesgo que corre la Institución de limitar la compra de genéricos y la obligación de comprar medicamentos innovadores (sea porque la Sala se lo ordena en sus votos o porque los datos de prueba son protegidos por plazos mayores), con la alta morosidad que se presenta por parte de los patronos -afectados también por la crisis-; el hecho de que le asignen tareas ajenas, limita aún más la posibilidad de salir adelante y fortalecer sus servicios.
Esperemos que los abogados que integran la Sala Constitucional, sean más receptivos al criterio de los expertos en campos desconocidos por ellos, para que de esta forma, sus resoluciones no pongan en riesgo instituciones que son baluarte de nuestro estado social de derecho.
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