15 de abril de 2009

De crisis, préstamos y planes escudo

Con esto de la crisis financiera internacional, muchas reglas han cambiado. Muchos "especialistas" hablan ahora de una mayor regulación del mercado, de una participación más activa de los estados en la economía y otras muchas recetas que en otros tiempos habrían tachado de "comunistas".

En Costa Rica, como es usual, se mantiene la tradición de llegar siempre tarde a todo, y es así como hasta el último momento, el presidente del Banco Central afirmaba que no seríamos afectados por la crisis internacional, a pesar de que desde mediados del año pasado el presidente de la República afirmaba que vendría un periodo de "vacas flacas". Lástima que no aprovechara la visión que demostró en ese momento, para preparar un plan con el que pudiéramos enfrentarnos a la etapa de estrechez augurada.

El caso es que tarde, pero seguro, apareció el parche, el remedio, la aspirinita con la cual podríamos enfrentarnos a la crisis internacional. Así que lo mejor era reducir los salarios, la jornada de los trabajadores y gestionar préstamos ante las entidades financieras internacionales que décadas antes habían propiciado la desregulación y el empequeñecimiento del aparato estatal.

Y así ha sucedido. En la Asamblea Legislativa tenemos proyectos de ley que pretenden "flexibilizar" las relaciones laborales y todos los días leemos una noticia (que ya no lo es), sobre la aprobación de un nuevo crédito. Y, si realmente fuera utilizado ese dinero para inyectarlo en la economía y propiciar la producción y el consumo de bienes y servicios, sería una excelente receta; sin embargo, nuestro historial en esa materia nos recuerda dineros no utilizados en el fin propuesto y millones y millones de dólares pagados por infinitas consultorías que nada resuelven.

Al final, el trabajador asalariado siempre paga los platos rotos, junto con los empresarios que no gozan de las prebendas otorgadas por sus amigos en el gobierno. Los pequeños empresarios no pueden hacer préstamos para continuar con su producción, pues los bancos los restringen. Si la banca pública debe competir con la privada, estará en primer lugar asegurar las ganancias, por encima del riesgo que implicaría inyectar capital a la producción nacional en época de crisis.

Y mientras esto sucede, a los beneficiados de siempre se les facilita la labor. Todos sabemos que en muchos lugares se trabaja cuatro días con jornadas de doce horas y se descansa tres días, pero el Ministerio de Trabajo parece no saberlo; que a muchos trabajadores se les obliga a trabajar tiempo extraordinario sin paga adicional, y el Ministerio tampoco lo sabe. Peor aún, del mismo Ministerio provienen los proyectos de reforma al Código de trabajo para "flexibilizar" las relaciones laborales.

Y mientras tanto, leemos en el Diario Oficial (La Gaceta, 14/04/2009) la transcripción del extracto de un oficio de PROCOMER, que dice: "No obstante lo anterior, al ser esta una institución con una misión y vocación clara de servicio a la exportación, sin dejar de lado claro está, su función de supervisión y control, PROCOMER no puede dejar de considerar factores dinámicos, cambiantes propios del entorno y realidad empresarial. Es así como también debemos considerar que en muchas ocasiones las empresas beneficiarias del régimen o bien su casa matriz se ven enfrentadas a graves problemas en la comercialización de sus bienes, a crisis financieras internas inclusive problemas de índole macroeconómicos en sus países y hasta a situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, circunstancias todas que las podrían obligar a disponer cambios inmediatos en sus políticas de mercado.

Ha sido el afán del Ministerio atender y tratar de ayudar a solventar de la forma más objetiva posible estas situaciones, no sólo teniendo en consideración la posición de las empresas, sino el resguardo sobre todo de intereses de orden general, al valorar el impacto que supone una modificación considerable en los niveles de inversión y empleo frente al cierre definitivo de la empresa.

(...)"

Y líneas más abajo se modifica la cláusula sexta del acuerdo por medio del cual se otorgaba a la Compañía Inversionista Las Brisas S.A., los incentivos propios del régimen de zona franca, y en la nueva redacción la beneficiaria se obliga a "cumplir con un nivel mínimo de empleo de 2 trabajadores".

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